Jurisprudencia Sala Penal

RECURSO DE CASACIÓN - INTERÉS DIRECTO - CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA FORMAL Y SUSTANCIAL DE LA IMPUGNACIÓN - INTERÉS LEGÍTIMO - DURACIÓN RAZONABLE DEL PROCESO PENAL - UNIFICACIÓN DE PENAS - PENA - INDIVIDUALIZACIÓN - CONFESIÓN - REQUISITOS -


SENTENCIA NUMERO: ONCE En la Ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil once, siendo las once y treinta horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "Barrera, Silvia Alejandra y otro p.ss.aa. falsificación de instrumento público, etc. (SAC. n° 149852 y acumulado SAC n° 203200) -Recurso de Casación-" (Expte. "B", n° 40/2010), con motivo del recurso de casación interpuesto por los Sres. Asesores letrados del 26° y del 20° Turno -Dres. Pablo Pupich y Sergio Ruiz Moreno- en su condición de defensores de los penados Daniel Osvaldo Cerdá y Silvia Alejandra Barrera, respectivamente, en contra de la sentencia numero once, de fecha tres de mayo de dos mil diez, dictada por la Cámara del Crimen de Décima Nominación de esta Ciudad. Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1°) ¿Se han aplicado erróneamente los artículos 55, 56 y 58 del Código Penal? 2°) ¿Es nula la individualización de la pena única, por ser arbitraria? 3°) ¿Qué solución corresponde dictar? Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, Maria Esther Cafure de Battistelli y Maria de las Mercedes Blanc G. de Arabel. A LA PRIMERA Y SEGUNDA CUESTIONES: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: I. Por sentencia n° 11, de fecha 03 de mayo de 2010, la Cámara del Crimen de Décima Nominación de esta Ciudad resolvió, en lo que aquí interesa, "...I) Unificar las penas impuestas a Silvia Alejandra Barrera, ya filiada, que fueran dictadas por esta Excma. Cámara en lo Criminal de Décima Nominación, en Sentencia Nº 37 del 16 de octubre de 2008 (SAC Nro. 163674) -de tres años de prisión- con las de la Sentencia Nº 7 de fecha 16 de junio de 2009 (SAC Nº 149852, acumulado al SAC Nº 203200) de cinco años de prisión y $ 10.000 de multa (comprensiva ésta última de la unificación de las penas de tres años y tres meses de prisión y 10.000 pesos de multa y la de tres años y nueve meses de prisión dispuesta por Sentencia nº 35 del 16/9/2008 -SAC 184213-), en la pena única de seis años y tres meses de prisión y 10.000 pesos de multa, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y 58 C.P. y 550 y 551 CPP). II) Unificar las penas impuestas a Daniel Osvaldo Cerdá, ya filiado, dictadas por esta Excma. Cámara en lo Criminal de Décima Nominación, en Sentencia Nº 37 del 16 de octubre de 2008 (SAC Nro. 163674) -de tres años y tres meses de prisión- con las de la Sentencia Nº 7 de fecha 16 de junio de 2009 (SAC Nº 149852, acumulado al SAC Nº 203200) -seis años y tres meses de prisión (comprensiva ésta última de la unificación de las penas de cuatro años y 15.000 pesos de multa y de cuatro años y dos meses de prisión impuesta por Sentencia nº 35 del 16/9/2008 -SAC 184213-)-, en la pena única de ocho años de prisión y 15.000 pesos de multa, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y 58 C.P. y 550 y 551 CPP). III) No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 55 del Código Penal formulado por el Asesor Letrado Penal Sergio Ruiz Moreno, defensor de la imputada Silvia Alejandra Barrera..." (fs. 4658 vta./4659). II. Contra dicha resolución, recurren en casación los Sres. Asesores letrados del 26° y del 20° Turno -Dres. Pablo Pupich y Sergio Ruiz Moreno- en su condición de defensores de los penados Daniel Osvaldo Cerdá y Silvia Alejandra Barrera, respectivamente (fs. 4664/4069 y 4680/4701 vta.). 1. Recurso interpuesto en favor de Cerdá: el impugnante invoca el motivo formal previsto en el segundo inciso del artículo 468 del C.P.P. y se agravia de la fundamentación expuesta en la individualización de la pena por inobservancia de las reglas de la sana crítica racional -principio de razón suficiente- (fs. 4664 vta.). Explica que por cuestiones procesales ajenas a su representado, éste no pudo ser juzgado en una única oportunidad dentro de esta denominada Megacausa, lo que no le puede resultar perjudicial, por lo que corresponde realizar una unificación de condenas y no de penas. Destaca que Cerdá tiene seis condenas por hechos cometidos durante el mismo período, por lo que nos encontramos en un caso de concurso real resuelto en pluralidad de sentencias que requiere especial previsión como unificación de condenas (art. 58 C.P.). Hace propios los fundamentos del voto de la Minoría (Dr. Iglesias -fs. 4665). Delimitado así el punto sobre el cual debe realizarse el examen, se queja del monto de la sanción impuesta por el Tribunal, el que resulta arbitrario al haberse valorado circunstancias que afectan garantías de orden constitucional (fs. 4667 y vta.). Denuncia que se han tenido en cuenta, en sentido agravante, "las circunstancias y modalidades de ejecución", haciendo una remisión genérica atentatoria del derecho de defensa por su imprecisión máxime cuando la modalidad ejecutiva del hecho carece de una entidad que objetivamente permita un mayor reproche (fs. 4668). Además, repele que se haya valorado de manera negativa el perjuicio a la fe pública, vulnerando la prohibición de ponderar dos veces una misma circunstancia, que en el caso constituye el bien jurídico protegido por el delito por el cual Cerdá fue condenado (fs. 4668). Concluye que, a raíz de los vicios denunciados, la cuantificación de la pena agravia las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, por lo que solicita la nulidad parcial de la sentencia (fs. 4669 y vta.). 2. Recurso interpuesto en favor de Barrera: con base en ambos motivos de casación (art. 468 incs. 1° y 2° C.P.P.), el impugnante sostiene que se han aplicado erróneamente los artículos 55, 56 y 58 del Código Penal al unificarse las condenas con sentencias firmes, cuando correspondía la unificación de todas las condenas, estén o no firmes. Agrega a ello que la individualización de la sanción ha sido arbitraria (fs. 4680 vta./4681). A. División de juicios (art. 58 C.P.): unificación de condenas. Bajo este rótulo, el recurrente reseña de los hechos de la causa, recuerda la doctrina de la C.S.J.N. acerca de la duración razonable del proceso ("Mattei") y alega que si bien Barrera fue condenada antes de que vencieran los dos años de encierro preventivo, su desconcierto sobre la respuesta punitiva y su restricción de libertad permanece intacto (fs. 4681 vta./4683). Considera atendible que las reglas sobre acumulación de procesos no se aplicaran al caso por sus características excepcionales que impusieron la división en diversos juicios, con base en el art. 368 del C.P.P. Sin embargo, se trata de una norma procesal de menor jerarquía, y aún frente a las particularidades de la causa el Tribunal no podía soslayar los efectos negativos que la división del juzgamiento acarrea a la persona sometida a proceso (fs. 4683). Manifiesta su adhesión a los fundamentos expresados por el voto en minoría del Dr. Iglesias, dándolos por reproducidos. A la vez, agrega otras consideraciones acerca del artículo 58 del Código Penal. Explica que es una norma de naturaleza procesal legislada en la ley nacional (Código Penal) en razón de la unidad de juicio que exigen las reglas del concurso -lo que sí es materia de derecho sustantivo- que tiene carácter correctivo del error de omitir la aplicación del régimen legal y reparador de situaciones de desigualdad de quienes han sido juzgados en plurales juicios sin las reglas de los arts. 55 al 57 del C.P. con la consecuencia gravosa de multiplicidad de penas. Tiene como única finalidad la equiparación a quien, en idénticas condiciones, fue sometido a un único proceso recibiendo una única pena. Este elevado principio constitucional (el de igualdad ante la ley) debe aplicarse aún en detrimento de la cosa juzgada, que supone la firmeza que haya adquirido una sentencia precedente (fs. 4683 vta.). A maiore ad minus, alega que si se "debe" unificar en el supuesto de sentencias firmes, con mayor razón “debe” unificarse cuando la sentencia precedente no se encuentra firme, pues supone una situación de más sencilla corrección procesal. Al término de cada juicio en que se dividió la causa y en el que corresponda dictar condena, desaparece la punición de las anteriores y con el único límite de no alterar las declaraciones de los hechos, se compone una nueva y única pena en su naturaleza, grado y modalidad, en función de los arts. 40 y 41, dentro de las escalas de los arts. 55 y 56 (lo que puede determinar incluso, la imposición de una pena unificada inferior a la primera condena). En esencia, se trata de una rectificación (fs. 4684). Destaca que tratándose el art. 58 de una norma de naturaleza procesal, puede hacerse una interpretación extensiva o analógica sin contrariar los principios de legalidad, reserva y ley previa. Este parece ser el obstáculo que encuentra la Mayoría que no supera el método gramatical en la interpretación de la expresión “sentencias firmes” contenida en la norma, ni aún por el imperio del principio pro libertatis (fs. 4684). Recuerda los antecedentes de la norma y sostiene que la interpretación de la Mayoría del Tribunal quebranta la igualdad ante la ley porque sanciona a Barrera con acumulación, nada más que por el formalismo de no apartarse de la literalidad del término “sentencias firmes” –cuestión procesal- que la sustrae del principio de aspersión, con el que se beneficiaría otro sujeto a quien se le hiciere un solo juicio por pluralidad de hechos (fs. 4685). Considera más patente el injusto de ese desequilibrio si se tiene en cuenta que no sólo se trata de hechos anteriores, sino que todos ellos ocurrieron en un mismo contexto temporal, sucediéndose unos a otros y, pese a su independencia para ser tipificados, tienen entre sí una misma realidad óntica que debe ser captada y encuadrada jurídicamente por el Tribunal, conforme los preceptos constitucionales, internacionales y legales del art. 41, único modo de hacer una racional aplicación de la escala penal del concurso real, que abarque la culpabilidad y el esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad (fs. 4685 vta.). Resalta que la incertidumbre de los imputados frente al resultado final también debe ser considerada: Barrera se encuentra encarcelada hace cuatro años y siete meses y no sabe qué será de su vida y de la de su familia; tampoco puede respondérsele cuando podrá hacer proyectos en base al progresivo tratamiento penitenciario que le ofrece beneficios como espejismos en el horizonte, pues transita su condena sin llegar a alcanzarlos porque dependen, a su vez, del monto de la pena que deberá cumplir y éste no se sabrá en los años venideros. De esta manera se agravian el principio de legalidad, el de humanidad e intrascendencia de la pena, el de proporcionalidad y el de racionalidad (fs. 4686). Critica luego el argumento de la Mayoría en cuanto a que la composición de la pena única “…no puede ser inferior su monto, al “quantum” de la condena menor": en primer lugar, por ser un razonamiento propio del derecho penal de acto en su forma más pura. Su entendimiento es el siguiente: cuando una persona comete un delito corresponde aplicarle una pena, pero si ha cometido varios delitos corresponde aplicarle varias penas. Si la pena anterior fue correctamente merituada y quedó firme quiere decir que fue una pena legal y justa; y acreditado un nuevo hecho la mayor culpabilidad y el mayor injusto de este nuevo delito debe sumarse a aquella sanción. Linealmente interpretado conduce a una apertura ilimitada y hasta irracional del poder punitivo. Ocurre que Barrera deberá enfrentar treinta juicios más (27 en instrucción mas los ya elevados) y es sencillo advertir (y atemorizante en la incertidumbre) que condicionado a las penas anteriores firmes se va gestando un nudo gordiano que conducirá a resultados absurdos. Recuerda que la imposición de la pena debe respetar la proporcionalidad con la falta cometida y el injusto provocado por el delito (pautas objetivas art. 41 inc.1º C.P), pero deben también mensurarse la personalidad y culpabilidad del autor (pautas subjetivas art. 41 inc.2 C.P.) sin importar el número de delitos cometidos. En segundo lugar resaltan argumentos contradictorios en la fundamentación de la sentencia que, por una parte afirma que le corresponde a la condenada la aplicación de los arts. 55 y 56 del C. penal, y por otro lado establece un respeto a la pena precedente fuera de ese sistema concursal; a la vez que hace mensuraciones por separado de las circunstancias agravantes y atenuantes del los arts. 40 y 41 del C. Penal, multiplicándolas y colocando al sujeto en situación de desigualdad respecto a quien hubiera sido juzgado en un único juicio (fs. 4686/4687). Alude al modo en que se juzgó y penó a quienes participaron del motín del penal de San Martín del año 2005, como así también al voto en minoría in re “Amato" (fs. 4686 vta./4688), y cita en abono de su postura la opinión de importante doctrina autoral y jurisprudencia (fs. 4688). B. Aplicación del art. 55: mínimo y máximo de la escala penal: afirma el quejoso que la ley 25.928 no es aplicable al caso atento a la fecha de comisión de los delitos (que son anteriores y posteriores a su publicación en B.O. 10/09/2004) por el principio de ultraactividad de la ley penal más benigna. Sostiene además que ha sido tácitamente derogada por la ley 26.200, después de la cual cabe entender que el límite máximo ha vuelto a ser el de veinticinco años y de veinte años respectivamente, pues lo contrario importaría admitir que la pluralidad de cualquier delito es más grave o tan grave para la ley argentina que la destrucción de millones de vidas humanas (fs. 4688 vta.). Dicho esto, para el correcto análisis del art. 55 del C. Penal, recuerda sus orígenes, el descarte de los métodos de la suma matemática, de la absorción y el principio de acumulación limitada o suma atenuada adoptado por proyecto Tejedor. El código vigente adoptó el sistema de aspersión, que impone seleccionar la escala penal de mínimo mayor y asperjarla hasta agravarla adecuadamente. Se construye así una pena global que respeta el “principio de la pena total”. En doctrina nacional, se lo llamó “acumulación jurídica”, pero no se trata de amontonar todas las penas y hacer una rebaja, sino de dictar una única pena formada del modo cuyo mínimo y máximo se señala. En la aspersión no se amontonan las penas sino que se forma una nueva partiendo de la de mínimo mayor (fs. 4689 y vta.). En el concurso real se aplica una pena total y se lo hace en una única condena (arts. 55, 56, 57) o por única condena unificada (una hipótesis del art. 58 que es la que corresponde a nuestro caso), mientras que en la hipótesis de hechos cometidos después de una condena, permanecen todas las condenaciones, unificándose las penas en una pena total (otra hipótesis del art. 58; fs. 4689 vta.). El art. 55 del código penal consagra las reglas para la construcción de la pena total en caso de concurso real o material. El mínimo mayor es el límite del mínimo de la pena única, en tanto que el máximo es la suma de las penas hipotéticas que hubieran correspondido para cada delito concursado (no la suma de los máximos de las respectivas escalas penales) y tiene como límite el tope legal de la especie de pena de que se trate (el que tomado de la parte especial es de veinticinco años). Pero este máximo así tomado como único límite conforme la letra del artículo, plantea un gravísimo problema constitucional porque es violatorio de la legalidad estricta. Semejante amplitud en la escala penal lesiona la legalidad estricta, como se dijo, porque en realidad no se trata de una escala sino de un ámbito de arbitrariedad en donde es el juez, y no el legislador, quien la define. Recuerda los límites máximos del antecedente holandés del sistema de la aspersión, que es el que el legislador quiso fue adoptar el sistema de aspersión, aunque con una redacción deficiente. Sin embargo, es manifiesta la finalidad de la norma de evitar las penas absurdas y si se quiere respetar su espíritu (su razón ontológica), debe hacerse una interpretación histórica que subsane el error legislativo. No puede admitirse que seis hechos de falsificación de instrumentos públicos, o veinticinco hurtos puedan alcanzar una pena más grave que la prevista para el genocidio con masacre (Ley 26.200). Si bien nuestro código adopta el sistema de penas flexibles lo cierto es que flexibilidad no importa arbitrariedad absoluta, y una interpretación literal lleva a una escala penal de semejante magnitud que viola necesariamente el principio de legalidad de las penas (fs. 4689 vta./4690 y vta.). Expresa el quejoso que en el plano práctico, la prudencia judicial no permitió que se llegara al uso del máximo literal del art. 55, evitando así límites irracionales. Sin embargo es ahora, por la excepcional característica de esta "megacausa”, que plantea para Barrera la división en aproximadamente treinta juicios (en los cuales se aplicaran penas reiteradamente según la mecánica adoptada por la mayoría del Tribunal) donde se manifiesta su verdadero peligro (fs. 4690 vta.). Compara el caso con penas impuestas por delitos más graves (fs. 4691 y vta.). Concluye que el texto del art. 55, interpretado exegéticamente, es inconstitucional. Pero no se puede prescindir de él, porque en ese caso la garantía de legalidad que se pretenda aplicar en su interpretación, tendría un uso perverso ya que, eliminado, deberían ejecutarse todas las penas, lo que sólo es el supuesto más grave de ese dispositivo. La solución está en la respuesta doctrinaria que interprete históricamente la norma remitiéndose a su fuente (fs. 4691 y vta.). C. Composición de la pena única: alega el quejoso que conforme la correcta interpretación de los arts. 58 y 55 del Código Penal, corresponde unificar las seis condenas que se han dictado en contra de Silvia Alejandra Barrera en esta única causa. Se ocupa de los fundamentos expuestos en la sentencia para individualizar la pena (fs. 4691 vta./4692 vta.), y expone que el Tribunal ha ejercido arbitrariamente su facultad discrecional, al darle un valor que no tienen a circunstancias que entendió como agravantes, a la vez que en otros aspectos omitió la valoración de atenuantes de valor decisivo. También ha hecho valoraciones vedadas por el principio constitucional de “non bis in idem” (arts.8.4 de CADH, art.14.7 PIDCP, art. 39 de la C. De la Provincia y 1º del Código Penal; fs. 4692 vta.). a) Circunstancias de naturaleza objetiva: 1. Naturaleza de la acción ejecutada: se agravia el recurrente que se achaque a su representada el haberse sumado y desarrollado ingeniosas, meticulosas y complejas acciones delictivas en las que intervenían con varias personas, demostrando particular osadía. Señala que en estricta verdad, en los seis hechos bajo análisis su participación ha sido intramuros, ya que era su marido quien traía la encomienda con todos los datos necesarios y materiales para las falsificaciones, y su tarea se limitaba a falsificar la documentación. Además, se ha probado que no era la única que lo hacía, y que los organizadores y jefes de estos ilícitos contaban con varios grupos de falsificadores, sólo uno de ellos eran Cerdá y su mujer, lo que muestra su fungibilidad en las operaciones de los autores mediatos que tenían el dominio del hecho (fs. 4692 vta./4693). Abunda en consideraciones acerca de la teoría del dominio del hecho y opina que hasta tanto tenga expreso acogimiento en nuestro derecho penal, se debe plasmar al momento de determinar la pena, asignando la máxima responsabilidad (y penas mayores) a los autores mediatos, y decreciendo hacia los ejecutores como Silvia Barrera. Si ella no hubiera participado, los delitos se hubieran cometido igual, los “autores de escritorio” (personas con alto poder adquisitivo y planificadores del hecho delictivo) hubieran buscado otras personas que falsificaran las escrituras para lograr su fin: “enriquecerse” (fs. 4693/4694). 2. El modo y las circunstancias de ejecución: el recurrente sostiene que no hubo "particular osadía" en el actuar de Barrera, ya que nunca tuvo contacto con otras víctimas ni operadores de las maniobras. Además, su culpabilidad, operó en forma decreciente conforme se sucedían los encargos que se le hacían. Según su naturaleza, las acciones, dan lugar a una menor reprochabilidad del injusto. Cita lo dicho por esta Sala (Sent. n° 1, 12/02/10) acerca de que las particularidades de los hechos y también su modo escindido de juzgamiento debían ser computados al momento de efectuarse la correspondiente unificación; también la opinión de Zaffaroni acerca de la inviabilidad de multiplicar la reprochabilidad de conductas que tienen lugar en identidad de ocasiones: aún cuando desde la tipicidad no se trate de un delito continuado, da lugar a una menor reprochabilidad del injusto, puesto que quien delinquió una vez deberá hacer un mayor esfuerzo por evitar la tentación en futuras ocasiones idénticas (fs. 4694 y vta.). 3. Extensión del daño y del peligro causado. 4. Circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión de los delitos: reprocha el impugnante que el argumento de la Cámara sólo se justifica respecto del tercero de los juicios llevados a cabo, donde originales inquilinos pretendieron apoderarse del inmueble y privaron a su dueña del usufructo, mientras permaneció ocupado. En los restantes, no sólo no rendían rentas por estar abandonados, sino que generaban deudas que fueron saldadas y se le introdujeron mejoras que a la postre incrementaron los patrimonios de los damnificados (fs. 4694 vta.). Analiza cada una de las condenas, y puntualiza: * en "Aguirre Pereyra" (S. n° 35, 16/09/2008, SAC 160.728), pese a la extensión de los campos del primer y segundo hechos, su valor no era significativo porque se encontraban en las Salinas y no poseían fuentes de agua, siendo inviable su explotación. Los penados nunca intentaron siquiera tomar posesión de esos inmuebles pese a que no había en ellos moradores, por lo que no se perfeccionaba la adquisición del derecho de dominio que en nuestro régimen jurídico se configura no solo con el “título” sino también con el “modo” o “tradición”, por lo que era necesaria la posesión. Así, los verdaderos titulares nunca vieron peligrar su propiedad sobre los campos y aquellos documentos falsos únicamente tuvieron como utilidad económica, el poder ser presentados como garantía de un crédito en “Meroli Hogar” para la compra de artefactos domésticos. El diligenciamiento del crédito no es achacado a Silvia Barrera, Cerdá pago puntualmente y en su mayoría esa deuda, y dejó de hacerlo cuando fue detenido. El saldo menor impago motivó su ejecución judicial por los acreedores sobre el inmueble y esto fue lo que sacó a luz el ilícito documental. En cuanto al hecho cuarto la encomienda de los documentos falsos fue hecha por el hijo del dueño del inmueble, ya que la propiedad no podía escriturarse por un problema de límites del lote del cual originalmente formaba parte; fallecidos sus padres, sin declaratoria de herederos, este joven lo escrituró falsamente a su nombre perjudicando patrimonialmente a sus hermanas en forma parcial (pues éstas, en compensación –no total- recibieron otros bienes inmuebles). Resalta que no se despojó a propietario alguno, porque en ese entonces Aguirre Pereyra ya tenía la posesión de ese inmueble y lo que intentó en forma ilícita fue salvar el obstáculo, ajeno a él (de su vecino), que se le presentaba para la escrituración. Si a los documentos falsificados los hubieran hecho a nombre de sus padres, hubieran reflejado la realidad y pese a su falsead no hubieran ocasionado perjuicio (fs. 4696 y vta.). *en "Achad" (Sent. n° 37, 16/10/2008, SAC 163.674), los ilícitos fueron encargados por Roque Sharbel Achad en relación a un departamento de propiedad de quien en vida fuera Ana Martínez. Tras la muerte de esta mujer anciana, el inmueble fue literalmente abandonado, sus deudos no tomaron posesión del mismo y devino en ruina. En ese estado Achad intentó apropiárselo y. a la vez que tomó posesión, encargó los documentos falsos invirtiendo grandes sumas de dinero para su restauración. Fue así que recién en un lapso considerable, los herederos, al pasar por el frente y ver las mejoras, tomaron conocimiento y formularon la denuncia. Achad, antes de recibir su condena entregó el inmueble con mejoras económicas importantes y con sus gastos impositivos pagos, lo que incrementó el patrimonio de los herederos (fs. 4696 vta.). *en "Barrera" (05/03/2008, SAC 97.963), la participación de su defendida fue limitada, dentro de un plan mayor pergeñado por Gabriela Teresita Flores y el matrimonio de Verónica Flora Méndez y Esteban Güizzo, pareja que había ingresado como inquilina al inmueble y intervirtiendo el título usurpó. La documentación apócrifa no lo fue para lograr la usurpación (porque ésta ya se había consumado) sino para consolidarla. Además, para esa consolidación, existieron otros múltiples actos y conductas, totalmente ajenos a Barrera. Tuvo una participación minúscula en el hecho, no tuvo su dominio y también en este caso el inmueble fue recuperado por su propietaria pero debió peregrinar, incluso, por instancias judiciales del fuero civil (fs. 4697). *en "Barrera" (08/04/2009, sac 154.418) también la nombrada tuvo una intervención circunscripta a la falsificación de instrumentos y totalmente ajena a las personas que participaron y a las maniobras de apropiación de esas heredades (las que se encontraban sin moradores y sin cuidado de sus propietarios; fs. 4697 y vta.). *en "Achad" (08/05/2009, SAC 151.885) se trató de tres predios baldíos que en algunos casos pertenecían a ancianos y residentes fuera de la provincia, que no comparecieron al juicio ni hicieron reclamo alguno. Esos predios descuidados por años, tanto en su mantenimiento como en el pago de impuestos y servicios, fueron apropiados por Achad y Loizaga, quienes hicieron todo el diseño y ejecución de la maniobra ilícita; contactaron a Daniel Cerdá y éste instó a su mujer –Silvia Barrera- para que fraguara escrituras públicas y asientos de dominios falsos sobre actos jurídicos inexistentes relativos a esos inmuebles (un total de tres testimonios de escrituras y la misma cantidad de asientos de dominio). La documentación registral, como en los casos anteriores, fue insertada en los protocolos del Registro en el lugar de otros documentos que se suprimieron. Las deudas de los lotes fue pagada por los encartados (fs. 4697 vta.). *por último, en "Barrera", (Sent. 7, 16/06/2009; SAC 149.852), el inmueble estaba ubicado parte en la provincia de Santiago del Estero y parte en Córdoba, pero empadronado en la Provincia de Catamarca, propiedad de un sujeto de nacionalidad española, que vive en aquel país y que había dejado esa propiedad abandonada de cuidados y sin pagos impositivos. Las maniobras ilícitas para el apoderamiento de ese inmueble tuvo distintos tramos: en el primero no tuvo participación Barrera. Los que dirigían y se beneficiaban de la maniobra intentaron vender parte del campo a un sujeto de Buenos Aires, quien interesado solicitó a un escribano que hiciera un estudio de título en el cual se descubrió la falsedad, no obstante lo cual igualmente decidieron encargar nuevamente a Cerdá una nueva escritura y un nuevo asiento de dominio falso, que al igual que el primero, fue hecho insertar, por empleados infieles, en el Registro General de la Propiedad, en el lugar de uno verdadero que fue suprimido (fs. 4698 y vta.). Señala que, en definitiva, salvo en el tercer juicio, el estado en que se encontraban los inmuebles permitían sostener una presunción de abandono. Por lo tanto, y según un método hipotético (para mensurar el daño económico a sus titulares), puede afirmarse como altamente probable, que si los autores de estas maniobras los hubieran ocupado en forma pacífica, pero con ánimo de dominio por el término que fija la ley, los hubieran adquirido legalmente por prescripción. De allí que el “menoscabo pecuniario” invocado como agravante, no sólo no está probado, sino que parece poco probable y en algún aspecto puede hablarse de beneficio económico. Desde otro costado, si el alto valor de los predios es tomado como indicador de la mayor criminalidad pretendida, deberá recaer para quienes intentaron apoderárselos y no sobre Silvia Barrera (fs. 4698 vta.). b) Circunstancias de naturaleza subjetiva: 1. La edad y falta de reincidencia en el delito: alega el recurrente que Barrera promedia más de la mitad de su vida, y nunca antes había cometido un delito ni contravención. Está detenida desde hace cuatro años y siete meses, en la espera de una condena que se le va a imponer en un tiempo lineal pero que va a tener su ejecución en tiempo existencial consumiendo sus últimos años de vida adulta, sin poder ser sustento y contención de sus hijos y nietos (fs. 4699). 2. La dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos: destaca el quejoso que es cierto que su defendida no padecía “miseria” pero es ama de casa, su marido compraba y vendía por su cuenta autos usados de baja gama y trabajaba en un negocio de antigüedades de su hermano, sin un sueldo fijo. Las oscilaciones de ingresos se presentaban como una dificultad económica. En la fecha en que comenzó a hacer estos encargos por dinero, su hija Natalia quedó embarazada y como madre soltera y sin trabajo, los gastos familiares se incrementaron y agravaron su situación. La atención de la discapacidad de otra de sus hijas también desequilibraba la economía doméstica. Este cuadro de situación, según lo declarado por Silvia Barrera en juicio, fue uno de los motivos que la llevaron a delinquir. Es una familia que pertenece a una clase social media baja, según lo dijo el policía comisionado Bietti, quien agregó que no se advirtió que la familia hubiera incrementado significativamente su patrimonio a raíz de los hechos que cometieron (fs. 4699 y vta.). 3. Condiciones y vínculos personales: recuerda el recurrente que Barrera es madre de tres hijos, una de ellos es discapacitada, está atravesando una adolescencia difícil y requiere de su madre. Hoy se encuentra cuidada por su hermana Natalia y por una Tía, pero se altera cuando escucha o ve por los medios noticias de su madre y no entiende cabalmente su ausencia; en las crisis, sólo su madre tiene la ascendencia necesaria para controlarlas (fs. 4699 vta.). Suma que Barrera padece una enfermedad grave y la cárcel carece de los medios adecuados para afrontar las situaciones críticas. En reiteradas ocasiones la han tenido que trasladar con riesgo de perder la vida a nosocomios fuera del penal. Sufre de diabetes, elevación de glucemia y principio de artrosis (fs. 4699 vta.). 4. Arrepentimiento y colaboración con la investigación: tras ser detenida, fue indagada en la causa Letra “B” nº 66 del año 2006 por decenas de hechos, y reconoció su responsabilidad a la vez que hizo aportes concretos a la instrucción, entre ellos la indicación en los libros y protocolos secuestrados de cuales de los asientos o folios eran falsos. Esto ayudó, en un momento temprano, a ordenar la investigación. A tal punto fue su utilidad que desde esa causa se desglosaron numerosas líneas de investigación. Por ello es equivocada la afirmación del a quo acerca de que la confesión fue inocua al proceso. Señala que en otro tramo, el Tribunal hace una valoración positiva de su confesión, como actitud posterior al delito plasmada en la colaboración prestada al proceso en autos “Barrera” (SAC 186010) y “Tossi” (SAC 157917), causas en las que ha demostrado asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos y además ha aportado personas y lugares del alto interés al Fiscal a cargo de la Instrucción (fs. 4700). c) Non bis in idem: refiere el impugnante que respecto a las agravantes, el sentenciante tuvo en cuenta “...el enorme y trascendental perjuicio a la fe pública", concepto que reitera luego. Anota la defensa que dado que el art. 292 del C. Penal es un delito contra la fe pública y prevé dos escalas penales, la más severa cuando se trata, como en el caso, de instrumentos públicos. Por lo tanto, aquellas reflexiones del a quo, ya constituyen el fundamento del ilícito (la lesión a la fe pública y el descrédito del organismo público emisor del documento) y dieron base a fijar la escala de punición. El Tribunal no puede considerarlas nuevamente al momento de fijar la pena en el hecho concreto, pues ello implica agravar dos veces por la misma circunstancia: en la subsunción de un tipo y en la fijación de la pena. Tal razonamiento vulnera el principio nom bis in idem (fs. 4700 y vta.). Agrega que al momento de aquellos ilícitos, los protocolos se encontraban en muchos casos descuajeringados, en lugares sin seguridad a los que incluso podían tener fácil acceso, personas ajenas al Registro, a lo que se sumó la “culpa in vigilando” (art. 1113 C. Civ.) sobre los empleados infieles que participaron en estas maniobras, que pone en cuestionamiento la responsabilidad del Estado (art. 39 Ley 17.801). En definitiva, “el descrédito sufrido por las Instituciones” que preocupa al Tribunal, es fundamentalmente achacable a los autores mediatos que planificaron y tuvieron dominio del hecho, en parte menor es responsable Barrera y el Estado debe hacer autocrítica. NO es admisible recargar en Barrera toda la responsabilidad ni que soporte ella la mayor respuesta punitiva, como se dará si se continúa en el sistema de unificación, que por mayoría, ha seleccionado el Tribunal. En conclusión, como "solución pretendida", el impugnante solicita que se case la Sentencia cuestionada y sin reenvío, se resuelva unificar las seis condenas, y no penas, impuestas a Silvia Alejandra Barrera, mensurándose una pena única según la correcta interpretación del art. 55, entendiendo que la escala penal abstracta aplicable es de un mínimo de 1 año y un máximo de 9 años de prisión, lo que inexorablemente reduce la peligrosidad y el grado de injusto, respetando el principio de proporcionalidad y demás pautas de mensuración en el sentido expuesto. III. Acerca de la materia de agravio, la Cámara expuso los siguientes argumentos: 1. Voto de la Mayoría: consignó que Barrera y Cerdá cuentan con las siguientes condenas firmes: Sentencia n° 2, 16/01/2008, "Achad": Cerdá a tres años y tres meses de prisión; Barrera a tres años de prisión. Sentencia n° 7, 16/06/2009, "Palo Blanco": Cerdá a cuatro años de prisión y $15.000 de multa. A su vez, unifica con Sentencia n° 35, 16/09/2008, "Aguirre Pereyra" (Cerdá a cuatro años y dos meses y Barrera a tres años y nueve meses de prisión), en la única de seis años y tres meses de prisión para Cerdá y cinco años de prisión para Barrera. 1.a) Sobre dicha base, la Mayoría expuso que "el artículo 58 del Código Penal impone la necesidad de unificar penas en el caso (entre otros) en que –por imposibilidad motivada en falta de firmeza de la primera de las condenas al tiempo de pronunciarse la segunda-, se le hayan impuesto penas a los condenados que no se encuentren extinguidas por prescripción ó amnistía, cuya finalidad -se avizora- en procura de evitar la mera acumulación material (De la Rua, Jorge, Código Penal Argentino, Parte General, ed. 1972, p. 768, nros 21 y 22), máxime cuando los hechos son anteriores a la primera condena. Habiéndose emitido sendos pronunciamientos en “violación” por imposibilidad del Tribunal que dictó la segunda condena al no contar con sentencia firme, resulta procedente la aplicación al condenado de la mencionada normativa (C.P., arts. 55 y 56), no satisfaciéndose el sistema de unificación a aplicar en éste caso (de dos condenas firmes) en que se trata de hechos delictivos anteriores a la primera condena, la imposición -en parte de la condena unificada- de la fórmula “lo que le resta cumplir de la primera condena”, pues, en tal caso, ésta técnica impide una composición de pena acorde a la que surge de la aplicación de los arts. 55 y 56 al provocar la suma de ese tiempo que resta cumplir al monto impuesto en la segunda condena, lo que evidentemente perjudica al condenado al implicar una “acumulación”. Aquella fórmula (lo que le resta cumplir), imprecisa en sí misma que, por otra parte, naturalmente puede conducir a cómputos de pena ilegales, esto es, contrario a la prescripción del artículo 24 (como en el caso de penas impuestas por Tribunales de distinta provincia ó aún de la misma, al coincidir el tiempo –total ó parcial- de prisión preventiva para dos ó más procesos simultáneos que culminan en condena, de modo tal que, implicara en la práctica un cálculo de 2, 3, 4 ó más días de prisión preventiva por 1 día de condena), sólo resulta procedente para aquellos casos de hechos delictivos posteriores a la primera condena, cuya motivación radica en procura de evitar incongruencias derivados de la aplicación del límite de la especie de pena (De la Rua, ob.cit. p. 770, nº 26). Bajo ésta óptica de la cuestión... corresponde la unificación de las penas impuestas en ambas condenas en aplicación de los artículos 55, 56 y 58, primer párrafo, segundo supuesto del C. Penal especificando su monto con precisión numérica, debiéndose, luego, por vía de cómputo de pena efectuado de conformidad al artículo 24 del citado ordenamiento, establecerse la fecha de cumplimiento de la pena única... La composición de la pena única –en éste caso de hechos delictivos anteriores a la primera condena- no debe ser la suma aritmética de las penas impuestas en cada uno de esos pronunciamientos condenatorios objeto de éste procedimiento, pero tampoco puede ser inferior su monto, al “cuantum” de la condena menor, ya que criterios de razonabilidad indican que se en cada una de las sentencias en cuestión se valoraron las atenuantes y agravantes de conformidad a los artículos 40 y 41 del C. Penal arribándose a montos de pena acordes a tales pautas y ellas fueron convalidadas al quedar firmes esas sentencias, por lo que, lógicamente, el monto de la pena unificada no puede ser inferior al de la condena de pena menor pues, una inteligencia contraria importaría admitir que ésta mensuración fue injusta e ilegal. Por otra parte, tampoco resulta procedente a la unificación de penas la licuación absoluta de las sanciones, ya que repulsa toda lógica que, añadidos más injustos delictivos y, por ende, mayores agravantes, queden impunes los atinentes a una de las sentencias condenatorias en cuestión, lo que constituiría una motivación arbitraria". 1.b) En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del tope fijado por el art. 55 del C.P. efectuado por la defensa de Barrera, resaltó su falta de base legal "toda vez que la fijación de un límite máximo de pena efectuado en abstracto por el legislador que equivale a un término medio de vida de la persona no puede caracterizarse como contrario a la Constitución Nacional" (fs. 4654). 1.c) Por último, la a quo pasó al análisis de las circunstancias atenuantes y agravantes para mensurar la pena única que debe imponerse a los acusados, de acuerdo a las prescripciones de los arts. 40 y 41 del C.P.: 1.c.1) Respecto a Silvia Barrera, consideró "a su favor que es una persona afincada y con familia a la que contenía. Que, sin embargo resulta inocua la confesión efectuada por la misma, pues no importó colaboración con el proceso dado que se produjo cuando la prueba le era absolutamente adversa, entre otros, por el resultado de los informes documentológicos del 21/11/06 (fs.963/7, SAC 149.852), ciñéndose su confesión a lo ya conocido y sin aportes sustanciales al proceso judicial. También valoró como atenuante de notoria relevancia su actitud posterior al delito plasmada en la colaboración prestada al proceso al prestar declaraciones prestadas en autos “Barrera” (SAC 186010) y “Tossi” (SAC 157917)". En su contra computó que "ingresando montos dinerarios significativos en su hogar, carecía de necesidad de vivienda y ausencia de miseria ó dificultad para vivir dignamente y aún así empleó los conocimientos que obtuviera como empleada del Registro General para sumarse y desarrollar ingeniosas, meticulosas y complejas acciones delictivas en las que intervenía con varias personas, demostrando particular osadía. Suma, el enorme y trascendental perjuicio a la fe pública que sabía ocasionaba con su proceder, lo que evidencia una personalidad moral peligrosa" (fs. 2654 y vta.). 1.c.2) En relación a Daniel Cerdá, tuvo en cuenta "en su favor, que es una persona que conoce y ha desarrollado actividad laboral lícita en el ámbito. También que -no obstante su negativa de participación parcial en éste hecho- colaboró con el proceso al exponer oportunamente significativos datos la participación de María Graciela Otero (27/4/07, fs. 1341/2 y 1344/6) - en autos "Palo Blanco"...". En su contra, puntualizó que "tratándose de una persona instruida con ingresos significativos al tiempo de los hechos ($ 5.500 a $ 7.000) que permitían solventar con creces las necesidades del hogar, cometiera los hechos ilícitos objetos de las presentes Sentencias, demostrando con ello ansia exagerada de riquezas, éstos es, codicia. Además, la modalidad de los hechos pone de manifiesto premeditación y planificación acordada mediante ingeniosas, meticulosas y complejas estrategias de acción en los que interviene con varias personas, mostrándose como organizador y coordinador de las mismas y jactándose, incluso, sobre la precisión de sus acciones ilícitas al exponer rechazo a pedido de participación en otros hechos también ilícitos, por errores cometidos en los mismos" (fs. 4654 vta./4655). 1.c.3) De manera común a ambos, la a quo aludió al "descrédito sufrido por las Instituciones, en especial el Registro General de la Propiedad, al que contribuyó el obrar de los nombrados, es de difícil reparación... es gravísimo cuando el delito irrumpe en el interior del Registro General de la Propiedad, expandiendo el germen de la corrupción a través de la intervención de empleados infieles, ya que se trata de un acometimiento al más sólido refugio para la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, en donde no sólo se atacó el derecho de propiedad de personas individuales sino que tuvo impacto vulnerante en la fe pública, afectando su centro neurálgico atinente a la publicidad registral de uno de los bienes materiales más preciados de la sociedad, la propiedad inmueble, cuyo resguardo atañe al estado Provincial. El grave daño causado por lo hechos trasciende los derechos de particulares generando zozobra e inseguridad en toda la sociedad. En consecuencia, a raíz de los hechos de los que dan cuenta las Sentencias referidas anteriormente, se adulteraron en el Registro General de la Provincia los siguientes instrumentos: en autos "Achad 1", el asiento de mandato nº 4934, folio 8410, inserto en el tomo 34, año 1985; en los autos "Aguirre Pereyra", el asiento de dominio nº 11.306, folio 15.587, inserto en el tomo 63, año 1988 y los asientos de dominio nº de orden 6430, folios 9608 y 9609, introducidos al tomo 39 del año 1983 y, por último, respecto a los autos "Palo Blanco" el asiento de dominio nº 29415, folio 31.116, tomo 125, año 1985 y el certificado de dominio nº 71.119/2004, expedido por Claudio Ferreira, funcionario del Registro de la Propiedad, habiendo ordenando el Tribunal, en todos los casos, que se realicen las supresiones y reconstrucciones que correspondieren. En suma, el enorme y trascendental perjuicio a la fe pública que sabían ocasionaban con su proceder, todo lo cual evidencia personalidades morales harto peligrosas. Asimismo, cabe considerar que en las operaciones ilícitas desarrolladas por los nombrados se pusieron en juego inmueble de considerable valor pecuniario, resultando de las maniobras perjuicio también respecto de los verdaderos titulares de los inmuebles, o de sus sucesores. Así, respecto a los autos "Achad 1", se comercializó un departamento ubicado en Calle Santa Rosa Nro. 2860 de Barrio Alto Alberdi, el cual, de acuerdo a lo informado por el testigo Bietti, según gente que posee propiedades en la zona, tendría un valor aproximado de U$S 50.000; respecto de los autos "Aguirre Pereyra" se perjudicó la cuota hereditaria de los sucesores de Abelardo Aguirre y Teresa del Valle Pereyra respecto de un lote de terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en Villa Carlos Paz y se puso en juego: a) una fracción de campo denominada “El Campamento”, ubicada en el Departamento Sobremonte de esta Provincia de Córdoba, designada como lote 1, de una superficie total aproximada de 2863 has. y b) una fracción de campo designado como lote 3, ubicada en Pedanía Aguada del Norte, Departamento Sobremonte de esta Provincia, campos que estuvieron a punto de ser rematados y que se encontraba valuado- sólo el denominado "El Campamento" en la suma de U$S 334.971 al momento de los hechos, entre los años 2003/2004; por último, respecto de los autos "Palo Blanco" el valor de la hectárea era al momento de los hechos, años 2003/2004 de U$S 132, es decir que en una superficie estimada de 8.206 hectáreas, el valor total al momento de los hechos fue de U$S 1.083.192, montos, todos ellos, que demuestran un certero menoscabo pecuniario respecto de quienes tienen derechos constituidos sobre esos inmuebles" (fs. 4655 y vta.). Finalizó cuantificando en seis años y tres meses la pena única para Barrera y en ocho años de prisión la pena única de Cerdá (fs. 4656). 2.a. Voto de la Minoría: tal como lo sostuvo en diversos pronunciamientos de este proceso, el Dr. Iglesias consideró que al juzgarse a imputados que ya han sido condenados en otras líneas y que por cuestiones procesales ajenas a ellos no se pudieron juzgar en esa oportunidad o en una sola oportunidad -lo cual no les puede resultar perjudicial- se debe resolver "la pena única que corresponde imponer a los imputados Daniel Cerdá y Silvia Barrera que ya han sido condenados en seis oportunidades, en la que tres de ellas se encuentran firmes no así en las otras tres.... Lo que corresponde realizar es una unificación de condenas y no de penas. En efecto los imputados tienen seis condenas por hechos cometidos durante el mismo período por lo que nos encontramos en un caso de concurso real resuelto en pluralidad de sentencias que requiere especial previsión como unificación de condenas, supuesto previsto en el art. 58 del C.P. cuando establece que “...las reglas precedentes” - es decir , los de los art. 55 a 57 - "se aplicaran también...”, artículo en donde además se encuentra comprendida la hipótesis de unificación de penas. Es que tal como destaca Jorge De La Rúa, dentro de la órbita del artículo 58, son hipótesis de concurso real aquellas referidas a hechos anteriores a la primera condena, o a condenas dictadas en violación a las reglas de los artículos 55 y 56 del C.P. Pero, en cambio, cuando se trata de hechos posteriores a la primera condena, o cuando la segunda sentencia, en violación, es por un hecho posterior a la primera condena, tratase de situaciones no comprendidas en los arts. 55 y 56 del C.P.(Código Penal Argentino –Parte General –Depalma Bs. As, 2da edición, 1977, nota 11 al art. 58 , pag 1013).El parámetro para distinguir si estamos dentro de una u otras hipótesis es la fecha de comisión del segundo hecho delictivo. En efecto es la fecha del hecho de ulterior juzgamiento es el que en definitiva pone en movimiento el procedimiento de unificación y las consecuencias de tal proceso serán disímiles en la medida que ese hecho fuera cometido con anterioridad o posterioridad a la adquisición de firmeza de la primer condena. En el primer caso nos encontramos en un supuesto de unificación de condenas y en el segundo de unificación de penas. Es decir que hay concurso real desde que se comete el segundo delito y no desde que se pronuncia la sentencia y en el concurso real la condena única es obligatoria y esta obligatoriedad surge en el momento de la comisión del segundo delito. Al respecto la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en autos: "Toledo Lucas a S /Rec. casación" de fecha 22-5-06 refiere: “Cuando corresponde dictar sentencia por un hecho cometido antes de que la condena preexistente se encuentre firme, se está ante un supuesto de unificación de condenas o concurso real resuelto en pluralidad de sentencias... si en el momento en que cometió el segundo delito, el imputado no se encontraba aún cumpliendo pena en virtud de que la sentencia recaída con anterioridad no estaba firme, se trata de un supuesto de unificación de condenas y no de penas...”. Al respecto, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en su tratado de Derecho Penal Parte General pág. 1016 y ss. refiere “…En la unificación de condenas la cosa juzgada cede , hasta que sólo resta en pie de la primer sentencia la declaración de los hechos probados y su calificación legal, desapareciendo no solo la pena sino la condenación misma. Aquí la cosa juzgada cae hasta ese grado, no sólo porque debe salvarse la unidad del ejercicio del poder punitivo estatal, sino porque se impone salvar el principio constitucional de igualdad ante la ley, que impide que la pena se agrave por meras cuestiones procesales que obsten a que un tribunal dicte una única sentencia, de lo contrario un impedimento procesal haría que unos autores queden sometidos al principio de la aspersión, en tanto que otros sean sancionados con acumulación, lo que resulta absurdo porque la ley procesal no puede hacer que un concurso real deje de ser tal. De allí que esta hipótesis de concurso real juzgado en pluralidad de sentencias requiera especial previsión, como unificación de penas…”.En consecuencia en estos casos de unificación de condenas, de las anteriores, solo quedaran subsistentes los hechos probados y las calificaciones jurídicas, desapareciendo las condenas impuestas, debiendo dictarse una única condena. Tan única es la condena que así como el tribunal que sentencia un concurso real elabora la pena total sin necesidad de cuantificar previamente las penas para cada uno de los delitos no es necesario que el tribunal que unifica las condenas e impone pena única en el concurso real con la pluralidad de sentencias, tenga que establecer previamente la pena del delito del que conoce en esa sentencia. Al respecto el Dr. Zaffaroni en la obra citada pagina 1019 refiere "…Es correcta pues la jurisprudencia plenaria porteña que sostiene que no es nula la sentencia que se limita a fijar pena única en el supuesto del art. 58 primera parte del código penal sin especificación de la pena que corresponde en la causa por el hecho o hechos que motivan la sentencia…”, agrega en página 1020 “…dado que al unificar las condenas desaparece la anterior condenación reemplazada por una única condenación para ambos delitos , es lógico efecto de la unificación de condenas que, con la anterior, también desaparezca la forma en que fue impuesta y la modalidad en que se ejecutaba la pena…”. En igual sentido, Cámara Nacional de Casación Penal sala IV autos Toledo Lucas, recurso de casación 22-5-06-". Anotó que en el caso, Barrera y Cerdá "se encuentran inmersos en un caso de concurso real con pluralidad de sentencias, debiendo resolverse bajo las previsiones de la unificación de condenas" (fs. 4657/4658). 2.b. Bajo esa órbita, analizó la sanción que corresponde aplicar a Daniel Cerdá y Silvia Barrera en base a las seis sentencias condenatorias: valoró "como circunstancias atenuantes sus edades de 50 y 49 años respectivamente, que tienen una familia con tres hijos- uno de ellos discapacitado y tres nietos; que Barrera tiene secundario completo y que ambos reconocieron su participación en el hecho. Como circunstancias agravantes... que Cerda tenía una actividad comercial -compraventa de autos usados y compraventa de muebles antiguos- que le reportaba en la época de los hechos entre 5500 y 7000 pesos, por lo que no le hacía falta delinquir para vivir; la naturaleza y número de hechos acreditados y que era el nexo entre el particular interesado, su familia y (en algunos de los casos) entre los empleados infieles del Registro General de la Provincia; en cuanto a la condenada Barrera, como agravantes considero también la naturaleza de los hechos delictivos, la importancia de su aporte (falsificaba materialmente casi la totalidad de los asientos y folios utilizados en la maniobras registrales); a su vez, para ambos condenados... que los hechos fueron pergeñados como una obra de ingeniería delictiva para poder lograr en diversos pasos el resultado propuesto, afectando con su obrar la credibilidad y confiabilidad del Registro General de la Provincia en cuanto la registración de la titularidad de los inmuebles, el estado de los mismos y a las certificaciones que este emite". A partir de dichas circunstancias, estimó justo imponer a Barrera la pena única de seis años y dos meses de prisión y 8.000 pesos de multa, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y 58 del C.P. y 550 y 551 CPP) y a Cerdá siete años y diez meses de prisión y 10.000 pesos de multa, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y 58 C.P. y 550 y 551 CPP; fs. 4658). IV. Los planteos recursivos remiten al análisis de cuestiones bien diferenciadas que deben ser necesariamente escindidas para su correcto tratamiento. Una se orienta a establecer si el método seguido por la Mayoría para unificar las penas recaídas en contra de Barrera y Cerdá es correcto o si, por el contrario, corresponde acudir a la denominada unificación de condenas, como lo propiciara la Minoría y solicitan los recurrentes. Una vez despejada esta cuestión, quedará delineado el marco a partir del cual se establecerá si corresponde abordar o no la razonabilidad de la individualización en sí, y en su caso, indagar si el cúmulo de circunstancias atenuantes y agravantes meritadas por la Mayoría ha sido correctamente seleccionado y sopesado. 1. Extemporaneidad del agravio acerca del método para la unificación: debo señalar que la pretensión recursiva procura revertir una cuestión que ha devenido firme por ausencia de agravio oportuno. 1.a) En cuanto compete al método seguido para unificar, el mismo ha quedado consolidado en lo que concierne a las tres sentencias bajo análisis ("Aguirre Pereyra", S. n° 35, 16/09/2008; "Achad", S. n° 37, 16/10/2008; "Barrera", S. n° 7, 17/06/2009) y también en cuanto a las que los quejosos reclaman que deben ser incluidas ("Barrera", S. n° 2, 05/03/2009; "Barrera", S. n° 3, 08/04/2009 y "Achad", 08/05/2009) Es que, luego de la primera sentencia -que por ser la primera obviamente no suscitaba el caso- al no recurrirse sobre esta precisa materia cada una de las que la siguieron y que no efectuaron la unificación de condenas que la defensa estimaba procedente, se consolidó en cosa juzgada la hermenéutica propiciada por la Mayoría, y por ello la discusión no puede reabrirse tardíamente en esta Sede. Repárese en que según la interpretación sostenida por los recurrentes, y tal como expresamente lo manifestó el voto en Minoría en aquella oportunidad, al dictarse la Sentencia n° 37 (16/10/2008) correspondía unificar la condena allí impuesta con la primera (Sent. n° 35, 16/09/2008). La Mayoría, empero, se expidió en sentido contrario. Tal decisión ya suscitaba el agravio que ahora se denuncia, pero ello no fue recurrido por las defensas de Barrera ni de Cerdá -ni por ningún otro encartado- con lo que la actual queja deviene extemporánea. Similar situación se registró con la sentencia n° 7 (16/06/2009), que al unificar solamente la condena por los hechos juzgados en dicho proceso con la sentencia n° 35 (16/09/08) una vez que ésta devino firme, también patentizó el método escogido por la Mayoría, nuevamente con un voto en Minoría que daba cuenta de que conforme la unificación de condenas correspondía sumar también la Sentencia n° 37 (16/10/2008), que aún no se encontraba firme. La sentencia n° 7 arriba aludida, tampoco fue impugnada en este aspecto. Con todo ello, resulta claro que la modalidad adoptada por el Tribunal para unificar las sanciones impuestas a los recurrentes, adquirió firmeza en cada uno de los pronunciamientos mencionados, con lo cual la discusión que se pretende ahora ha perimido. 1.b) De manera subsidiaria, y aún prescindiendo de la firmeza arriba aludida, escuchados los argumentos de una y otra tesis, estimo que los mismos no alcanzan a poner en evidencia el interés requerido por el artículo 443 del C.P.P. para la procedencia de esta vía. En efecto, la exigencia de un interés directo como requisito estatuido para los recursos (art. 443 C.P.P.), no sólo es una condición para la procedencia formal sino también para la procedencia sustancial de la impugnación. En este último aspecto, el análisis debe orientarse a establecer si, efectivamente, el agravio que se aduce es susceptible de ser reparado a través del recurso, lo que ocurre "en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo"; o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible (T.S.J., Sala Penal, "Bonino", S. n° 107, 7/12/2000; "Matta", S. n° 59, 5/8/2002, "Herrera", S. n° 88, 24/04/2008, entre otros). En el sub examine, la crítica impugnativa no ha logrado poner de manifiesto que la pena única impuesta, que se tilda de abultada, sea producto per se del sistema escogido por la Mayoría para unificar, en tanto los dos métodos en danza no difieren -al menos, no de manera dirimente en el caso- en cuanto al marco que brindan al juzgador para que seleccione la pena única. Puedo entonces afirmar prima facie, y lo justificaré más abajo, que el reproche debe en cambio trasladarse hacia este último aspecto, esto es, el modo en que la a quo ha ejercido su facultad discrecional de individualizar la pena. Paso a dar razones. 1.b.1) Los mínimos y máximos para la unificación: en abstracto, ambas posturas coinciden en señalar, como tope superior que no puede ser excedido, la suma aritmética de las condenas (firmes para la Mayoría, firmes y no firmes para los recurrentes y la Minoría). En concreto, dicho máximo varía únicamente atendiendo a que la Mayoría unifica sólo tres penas y la Minoría unifica seis condenas. Pero visto en abstracto, el límite es el mismo: la suma aritmética de las condenas a unificar. De ello se sigue que cuando las tres condenas que aún no se encuentran firmes se conviertan en penas, y deban ser unificadas en la hermenéutica mayoritaria, el máximo será igual al que ahora ha construido la Minoría e invocan los recurrentes. Con mayor precisión, paradójicamente el voto de la Mayoría propicia una atenuación de dicho máximo, que no está presente en el de la Minoría ni tampoco en la argumentación defensiva. Al menos para estas tres sentencias en particular, la Mayoría ha expresado que la pena única debía fijarse por composición, no pudiendo alcanzar aquella suma sino establecerse en un monto necesariamente menor. Con ello, ya es posible puntualizar que la opinión que sustenta la decisión en crisis resulta -al menos en cuanto al máximo de la pena unificada concierne- más beneficiosa que la interpretación invocada por los recurrentes. Volviendo a un examen en abstracto, sí difieren una y otra interpretación en cuanto al mínimo: para la Mayoría, el mismo no puede ser inferior al quantum de la condena menor, aludiendo a criterios de razonabilidad y a un imperativo de impedir que se licuen las sanciones ya impuestas; para la Minoría y los impugnantes, las condenas a unificar no configuran límite alguno, el que sólo estará dado por los artículos 55, 56 y 58, esto es, el mínimo mayor de las escalas penales. Aplicando dichos parámetros al caso, previo suprimir hipotéticamente las tres condenas no firmes que la Minoría sí tomó en consideración -para poder realizar correctamente la comparación- para la Mayoría la pena única no podría ser inferior a tres años para Barrera y a tres años y tres meses para Cerdá, mientras que para la Minoría y los impugnantes, el límite inferior sería en ambos casos de un año. Esta diferencia en abstracto, sin embargo, no resulta trascendente en el sub examine. Es que quienes propician el método de unificación de condenas y admiten la imposición de una pena inferior a la de una de las condenas, lo hacen señalando su carácter excepcional: "algunos autores consideran que la pena impuesta en la sentencia anterior representaría un mínimo que no puede transponerse, lo que es objeto de la aguda crítica de ZAFFARONI, quien señala que, operando la peligrosidad como correctivo en la graduación de la pena, en función de la necesidad preventiva especial, esa necesidad debe apreciarse al momento de la sentencia condenatoria, pudiendo suceder que al tiempo de dictarse la sentencia unificatoria la peligrosidad revelada por el hecho resultara reducida en relación al tiempo de la condena anterior, por lo que incluso puede imponerse una pena inferior a la impuesta en aquella. Entendemos asimismo que aún cuando ello sea excepcional, no hay obstáculo para proceder de ese modo, ya que la única restricción establecida en el art.58 respecto de la sentencia unificadora es no alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras" (CARAMUTTI, Carlos S., Concurso de delitos, Hammurabi, Bs. As., 2005, pág. 400). En los presentes, ni la Minoría ni tampoco los impugnantes en sus libelos sitúan a Barrera ni a Cerdá en tales condiciones, ni argumentan una reducción de la peligrosidad ni circunstancia similar que amerite para ellos la perforación del mínimo estipulado por la Mayoría (condena menor). 1.b.2) La ausencia de interés: En función de lo arriba expuesto, puedo afirmar que del mero cotejo de los límites que establecen el marco dentro del cual la a quo debía seleccionar la pena única, no surge per se un agravio que deba ser reparado en esta Sede. Se ha demostrado que la interpretación asumida por los impugnantes habría permitido imponer una pena mayor (al admitir como tope la suma aritmética, mientras que la Mayoría toma partido por una pena necesariamente menor a dicho monto); y aunque sí habría acarreado en abstracto la posibilidad de una pena menor, en el caso bajo análisis ello no ha ocurrido, puesto que el voto en Minoría -a cuyos fundamentos adhieren los defensores- se expidió por una sanción unificada (ocho años para Cerdá, seis años y tres meses para Barrera) holgadamente superior al monto de la condena mayor (cuatro años y dos meses para Cerdá, tres años y nueve meses para Barrera); los recurrentes tampoco argumentaron en favor de una transposición semejante. Recuérdese entonces que reiteradamente se ha expuesto que en esta vía extraordinaria, el agravio debe ser expuesto con el desarrollo indispensable para poner de manifiesto un legítimo interés y no un simple afán académico en mostrar la mayor o menor corrección técnica de la sentencia, si el supuesto defecto no incide en la parte dispositiva de la resolución (cfr., T.S.J., Sala Penal, A. nº 128, 6/10/1992, "Díaz"; A. nº 33, 5/4/1993, "Figueroa"; A. nº 82, 25/9/1987, "Collado"; A. nº 108, 22/11/1988, "Ledesma"; A. nº 63, 14/8/1990, "Sosa"; A. nº 62, 21/6/1991, "Paredes"; A. nº 188, 22/12/1992, "De Carli"; A. nº 166, 14/12/1993, "Amaya"; A. n° 403, 08/11/1999, "Montenegro" entre otros). 1.b.3) Si la adopción de uno u otro sistema para la unificación no lleva ínsita una situación más perjudicial o beneficiosa para el condenado, resulta evidente que la discusión debe trasladarse al ámbito de la individualización judicial de la pena. Pues resulta claro entonces que es una diferente selección de las circunstancias de mensuración, o una distinta ponderación de ellas, lo que acarrea el desacuerdo que se intenta corregir en esta Sede. Habría sido aprehensible a simple vista que es éste el foco del agravio, si la Cámara, al momento de la deliberación, tanto en la sentencia en crisis como en sus antecesoras a unificar, hubiera subdividido el tratamiento de esta cuestión, para ir escalonando la decisión de manera tal de permitir que el Vocal que quedó en minoría a la hora de definir el método de unificación, luego emitiera su parecer en relación a la cuantificación de la pena sobre las mismas bases que lo hizo la Mayoría, esto es, tres sentencias y no seis. No es un dato menor, en este sentido, que ya en la primer condena, cuando aún no se verificaba el problema de la unificación, dicho magistrado perfiló una posición más atenuada en los montos de la pena que las sanciones propuestas por la Mayoría (Sent. n° 35, 16/09/2008). Ello corrobora que es precisamente en sede de mensuración de la pena -y no de unificación- donde se genera el agravio cuya corrección se pretende. * En este punto, debe despejarse un argumento que se reitera insistentemente: la supuesta pena a la que podría llegarse al final del juzgamiento de todas las líneas de esta "megacausa". Así expuesto, el agravio resulta meramente hipotético, puesto que es improcedente la consideración de eventuales condenas a dictarse en procesos futuros de los que se desconoce cómo culminarán -la condena no es la única alternativa posible-. Y aún en caso de que finalizaran de tal manera, se ignora cuál será el monto final al que, por vía de composición, se arribará. Obrar en sentido contrario importaría habilitar la revisión casatoria sobre la base de meras conjeturas, para corregir una situación que aún no se ha producido, lo que resulta inadmisible por falta de interés, siendo que el interés directo en recurrir, propio de esta sede casatoria (art. 443 C.P.P.), impone un agravio actual y no meramente hipotético (T.S.J., Sala Penal, "Bellido", A. n° 230, 22/12/2009, entre otros). * De la misma manera, debe desecharse la invocación de una vulneración a la garantía de la duración razonable del proceso. Sobre la misma, esta Sala se ha expedido en numerosos precedentes (T.S.J., Sala Penal, "Andreatta", S. nº 14, 21/3/2003; "Juri", S. nº 87, 16/9/2003; "Amaranto", S. nº 38, 21/05/2004; “Annone”, S. nº 298, 22/11/2007; "Tarifa”, S. nº 355, 22/12/2008; “Murúa”, S. nº 347, 23/12/2009, entre otros), a los que remito por razones de brevedad, desarrollando en detalle los requisitos que doctrina y jurisprudencia han exigido para su debida tutela, y que los recurrentes en modo alguno se han ocupado de analizar, convirtiendo a su reproche en una mera afirmación dogmática. Sólo para ejemplificar, basta con señalar que en lo atinente a la etapa procesal en que puede invocarse la garantía, la lectura de distintos pronunciamientos de la Corte muestra que se han tratado de procesos que llegaron a la máxima instancia aún abiertos, esto es, sin que se hubiera dictado sentencia, o de causas en las que medió condena o absolución, pero que fueron sometidas a una ajetreada o injustificadamente prolongada etapa impugnativa que les negaba toda posibilidad de adquirir firmeza (C.S.J.N., "Pileckas", Fallos 297:486; "Aguilar S.A.", Fallos 298:50; "Mozzatti", Fallos 300:1102; "García", Fallos 305:1701; "Bartra Rojas", Fallos 305:913; "Casiraghi"; Fallos 306:1705, etc.). Ninguno de dichos supuestos se verifica en el caso, donde no se reprocha el lapso insumido por cada proceso, sino la indefinición acerca de la pena final que tocará cumplir a los penados. Dicha incertidumbre, cabe aclarar, tampoco se elimina por adoptar el sistema de unificación de condenas que pretenden los impugnantes, ya que sólo con la última sentencia se dará a conocer el monto total. Antes de ello, únicamente habrá aproximaciones parciales, lo que también es posible en el proceder seguido por la Mayoría, que -como se ha visto- no ha esperado a culminar con todos los procesos que se tramitan para efectuar la unificación, sino que ha comenzado a hacer composiciones parciales, a medida que cada sentencia ha ido adquiriendo firmeza (Sent. 7, 16/06/2009; Sent. 11, 03/05/2010). En suma, resulta ajena a la discusión del caso la garantía de la duración razonable del proceso, y en lo que concierne al alegado estado de incertidumbre acerca de la pena única, tampoco se ha demostrado que lo pretendido constituya solución alguna. Similar respuesta debe ofrecerse a la argumentación de los defensores acerca del máximo de la escala. Es que en el modo en que ha procedido la Mayoría, la sumatoria de las penas hasta aquí unificadas no excede el tope pretendido, y por ende tampoco la sanción única impuesta transgrede dicho límite. 1.b.4) Cabe concluir entonces que, en los aspectos arriba mencionados, ha quedado demostrada la ausencia del interés requerido para la procedencia del recurso (T.S.J., Sala Penal, "Bonino", S. n° 107, 7/12/2000; "Matta", S. n° 59, 5/8/2002, "Herrera", S. n° 88, 24/04/2008, entre otros). 2. Cuantificación de la pena única: La cosa juzgada arriba aludida (IV.1.a), acerca de si corresponde unificar penas o condenas -o subsidiariamente, la falta de interés del agravio- conlleva también la imposibilidad de discutir aquellas pautas de individualización que hayan constado en las sentencias precedentes, a excepción de aquellas que -por obra de la composición que efectúa el Tribunal unificador- adquieran nuevamente actualidad. Es que si de unificación de penas se trata -como ha quedado consolidado por falta de recurso oportuno- el margen de revisión se acota únicamente a lo que constituye materia propia de la unificación y no puede extenderse a aquellos aspectos que sustentaron las penas a unificar y que devinieron firmes. Al respecto, hemos sostenido que frente el art. 58 del Código Penal, la cosa juzgada, propia de la condena a unificar, cede sólo hasta el grado de posibilitar una nueva individualización de la pena única a imponer al sujeto, en cuanto a su naturaleza, modalidad de ejecución y cantidad, en función de los arts. 26 a 28, 40 y 41 y dentro de las escalas de los arts. 55 y 56, todos del Código Penal. Por lo tanto, quedan en pie en la primera sentencia la declaración de los hechos probados, atribuidos al sujeto y su calificación legal (T.S.J., Sala Penal, "Gorosito", S. n° 31, 20/03/2008; NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte General, Lerner, Córdoba, 4ta. edición -1999-, pág. 268 y 269; FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1966, T. III, págs. 112 y 113; CREUS, Carlos, Cuestiones Penales, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1982, págs. 129 y 155; DE LA RÚA, Jorge, Código Penal argentino. Parte General, 2da. edición, Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 1021, parágr. 37; ZAFFARONI, Eugenio R.- ALAGIA, Alejandro - SLOKAR, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, E.D.I.A.R., Buenos Aires, 2000, pág. 973; y CARAMUTI, Carlos S., “Comentario al art. 58 del C.P.”, publicado en Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Baigún, David-Zaffaroni, Eugenio R. (Directores), y Terragni, Marco A. (Coordinador), Hammurabi, Buenos Aires, 2002, Vol. 2, págs. 519 y 523). Con acierto, Carlos CARAMUTTI explica que esta firmeza se extiende también a "las atenuantes o agravantes cuya existencia fue fundada al momento de individualizar la pena con arreglo a los arts. 40 y 41" (en AA.VV., Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis Doctrinal y jurisprudencial, T. 2B, dir. David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, coord. Marco A. Terragni, Bs.As., Hammurabi, 2007, pág. 50). Así entonces, contra la sentencia de unificación no cabrá discutir la selección ni la omisión de seleccionar pautas de cuantificación operadas en los decisorios anteriores, ni el monto de las penas singulares, pero sí aquellas cuestiones propias de la unificación, como lo es el modo en que las circunstancias ya ponderadas en las condenas previas se integra para la construcción de la pena única, la inclusión de agravantes no consideradas antes, etc. 2.a) A dicho análisis cabe abocarse ahora, previo recordar que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la facultad discrecional de fijar la pena es exclusiva del tribunal de juicio y revisable en casación en supuestos de arbitrariedad. Dentro de ese estrecho margen de recurribilidad relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva (T.S.J., Sala Penal, Carnero, A. nº 181, 18/5/99; “Esteban”, S. n° 119, 14/10/99; “Lanza Castelli”, A. nº 346, 21/9/99; “Tarditti”, A. nº 362, 6/10/99; S. n° 215, 31/08/07, “Grosso”, entre otros). El control alcanza el monto de la pena -posible entre el mínimo y el máximo de la escala-, cuando éste resulta manifiestamente desproporcionado o incongruente en relación a las circunstancias de la causa (T.S.J., Sala Penal, "Suárez", S. n° 31, 10/03/2008; cfmes., "Ceballos", S. n° 77, 7/6/1999; “Robledo de Correa”, S. n° 33, 7/5/2003; “Aguirre”, S. n° 59, 28/06/2005; "Aguirre Pereyra", S. n° 125, 22/05/2009). Bajo la óptica arriba señalada, no resultan de recibo las críticas dirigidas contra las siguientes circunstancias, por haber éstas conformado -o haber sido excluidas- la base para la determinación de las penas que ahora se unifican, y que al haber devenido firmes, no admiten nuevo cuestionamiento: *la magnitud del perjuicio a la fe pública y el descrédito sufrido por las instituciones; *la relevancia del aporte de Silvia Barrera, su osadía en sumarse a esta ingeniería delictiva; *la falta de miseria o necesidad en procurarse el sustento propio o de la familia; *el perjuicio potencial a los particulares damnificados en "Aguirre Pereyra" (Sent. n° 35); *la irrelevancia de la confesión, a excepción de la Sentencia n° 37, que la valoró como atenuante para ambos, y de la Sentencia n° 7 que la meritó en tal carácter para Cerdá. Todos estos extremos, salvo los puntualmente exceptuados, constaban en las tres sentencias unificadas, y no fueron objeto de impugnación por parte de los defensores de Cerdá y Barrera, con lo que se consolidaron como premisas firmes para el juicio de unificación. En consecuencia, el actual intento casatorio procura de manera extemporánea revivir el control recursivo de una materia que ha devenido en cosa juzgada. 2.a.1) De manera subsidiaria, y al solo efecto de satisfacer las expectativas defensivas de los condenados, cabe señalar que la crítica vertida contra dichos elementos de mensuración tampoco es correcta. Doy razones: *En cuanto a la vulneración del non bis in idem por la meritación del perjuicio a la fe pública, no advierten los quejosos que lo que el a quo ha seleccionado no es la afectación en sí, sino su magnitud y trascendencia hacia la sociedad, conforme lo habilita el artículo 41 inc. 1° in fine del C.P.P. al referir a la "extensión del daño causado". Así como es factible en el robo ponderar la cuantía del botín, o en las lesiones la mayor o menor gravedad de las heridas, no hay óbice alguno para la valoración efectuada por la Cámara: "el enorme y trascendental perjuicio a la fe pública... el descrédito sufrido por las Instituciones, en especial el Registro General de la Propiedad, al que contribuyó el obrar de los nombrados, es de difícil reparación... es gravísimo cuando el delito irrumpe en el interior del Registro General de la Propiedad, expandiendo el germen de la corrupción a través de la intervención de empleados infieles, ya que se trata de un acometimiento al más sólido refugio para la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, en donde no sólo se atacó el derecho de propiedad de personas individuales sino que tuvo impacto vulnerante en la fe pública, afectando su centro neurálgico atinente a la publicidad registral de uno de los bienes materiales más preciados de la sociedad, la propiedad inmueble, cuyo resguardo atañe al estado Provincial. El grave daño causado por lo hechos trasciende los derechos de particulares generando zozobra e inseguridad en toda la sociedad...". Es que en tanto el ilícito y la culpabilidad son "conceptos graduables", "el paso decisivo de la determinación de la pena es definir su gravedad..." (ZIFFER, Patricia S., Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, 2005, Bs. As., pág. 107), por lo que no se pone en jaque la prohibición de doble valoración en el proceder seguido por el Tribunal. *Acerca de la relevancia del aporte de Silvia Barrera, su defensor propone una serie de argumentos que soslayan los hechos acreditados y por ello se tornan improcedentes ("Barrera", S. n° 154, 10/06/2010, entre otros), de los que surge con elocuencia que por sus conocimientos técnicos era ella -a veces secundada por su hija- quien reproducía las firmas de los funcionarios y construía los documentos apócrifos, resultando así una pieza fundamental para el funcionamiento de esta empresa delictiva. *Sobre la falta de miseria o necesidad para delinquir, si bien Barrera no trabajaba a la fecha de los hechos, el sostén familiar era su esposo. Las conjeturas del impugnante sobre la economía familiar no superan su contraste con la capacidad económica expresada por Cerdá al ser interrogado por sus condiciones personales, oportunidad en la que dijo tener dos ingresos -por la compraventa de autos usados y venta de antigüedades- que juntos sumaban como mínimo $5.500 en los años 2004 y 2005, cifras éstas que superan con creces la suma que en aquella época conformaba el salario mínimo, vital y móvil ($410 en 2004; $510 a $630 en 2005; C.N.E.P. y S.M.V. y M., Res. 02/2004 y 02/2005, respectivamente). Frente a ello, y más allá de que esta Sala haya sostenido que esta pauta es baja, desactualizada y por ello inequitativa (T.S.J., Sala Penal, "Ugnia", S. nº 93, 1/7/1999; "Sarmiento", S. nº 45, 30/5/2001; “Gutiérrez”, S. nº 229, 3/09/2008, entre otros), lo cierto es que los ingresos informados por los encartados llegan a centuplicar los guarismos oficiales y semejante cotejo contribuye a desechar que pueda predicarse irrazonabilidad en la conclusión relativa a que la familia Barrera-Cerdá se haya visto compelida al delito para sustentar sus necesidades básicas. *En cuanto al perjuicio potencial a los particulares damnificados en "Aguirre Pereyra" (los inmuebles correspondientes a los restantes hechos, como se verá más abajo, no corresponde que sean computados), ninguno de los argumentos expuestos por el quejoso hace pie en el puntual aspecto valorado por la a quo: en cuanto al primer hecho, se afectó el valor de la cuota hereditaria; en cuanto al segundo, se expuso al inmueble a ser rematado. *Por último, en cuanto a la confesión de la encartada, la sentenciante ha dado los motivos por los cuales no la seleccionó, y ello no evidencia arbitrariedad alguna. Sobre el punto, ha sostenido esta Sala que la confesión –como reconocimiento del hecho- que se vincula al arrepentimiento, cuando sólo es una expresión en palabras en un contexto de un proceso no necesariamente debe tener incidencia en la determinación de la pena. Ello así, pues “aquello que el imputado diga durante una declaración en juicio de poco puede servir para conocer si realmente está arrepentido o si sólo está asustado. Esto en nada interesa. Sólo puede interesar aquello que efectivamente haga, o se comprometa a hacer, con relación al daño, y éste es el único aspecto al que puede dársele alguna trascendencia para atenuar la pena” (ZIFFER, Patricia, ob. Cit. pág. 175; T.S.J., Sala Penal, "Barrera", S. n° 303, 13/11/2009; "Reyes", S. n° 0'2, 12/02/2010, entre otras). Lo expuesto, se aclaró, no importa negarle carácter atenuante al mero reconocimiento de responsabilidad expresado por la imputada; sino que tiene el alcance más preciso de establecer que si no hay una exteriorización objetiva de ese arrepentimiento (v.gr., reparando el daño sufrido), su no consideración por parte del Juzgador no evidencia una irrazonabilidad que amerite su revisión casatoria, y permanece dentro del ámbito de discrecionalidad que es propio de esta potestad privativa del Tribunal de juicio (T.S.J., Sala Penal, "Barrera", S. n° 154, 10/06/2010, entre otros). De lo arriba expuesto cabe concluir que, más allá de la firmeza que revestían las circunstancias de mensuración aludidas, conspiraba contra la procedencia de los agravios su sinrazón, en tanto han sido construidos sin atender a las constancias de la causa y a los fundamentos provistos por el Tribunal. 2.b) También por la consolidación que adquieren las pautas de individualización seleccionadas por la sentenciante en las sentencias singulares respecto de la posterior unificación, sí debe prosperar parcialmente la crítica deducida en contra de la consideración gravosa del valor de los inmuebles afectados por estos ilícitos -a título de daño o peligro causado-, ya que tal extremo no había sido ponderado en las Sentencias n° 37 ("Achad") y n° 7 ("Barrera"). En el caso, se configura un supuesto de falta de motivación ya que en las sentencias arriba mencionadas, como perjuicio actual o potencial, se meritó la magnitud de la lesión a la fe pública, poniendo énfasis en la relevancia jurídica del sistema registral de la Provincia. Y si bien de alguna manera se aludió tangencialmente al impacto de estos delitos en el patrimonio de los titulares o poseedores de los inmuebles, al referir que "el grave daño causado por los hechos trasciende los derechos de particulares generando zozobra e inseguridad en toda la sociedad", lo cierto es que de ningún modo se introdujo la cuantía de este detrimento económico como baremo individualizador. De allí que las consideraciones expuestas por la a quo acerca de "que en las operaciones ilícitas desarrolladas... se pusieron en juego inmuebles de considerable valor pecuniario, resultando de las maniobras perjuicio también respecto de los verdaderos titulares de los inmuebles, o de sus sucesores..." (fs. 4655 y vta.), desbordan el marco que fundó la construcción de la pena total y deben ser excluidas de tal razonamiento. En este punto, entonces, corresponde acoger la crítica impugnativa de la defensa de Barrera, y hacerla también extensiva a su consorte de causa Daniel Cerdá, en virtud de lo dispuesto por el artículo 452, primer párrafo, del C.P.P. Diferente es la situación en torno a la Sent. n° 35 ("Aguirre Pereyra"), la que sí anticipaba la meritación del "enorme potencial de perjuicio acaecido en el primer y segundo hechos, dado que por una deuda sumamente menor ($4.611 más intereses), puso en juego la posibilidad de remate de un campo que -al decir de Bietti- se valuaba al tiempo del hecho en unos $300.000, con las consiguientes complicaciones jurídicas para el propietario y eventuales compradores de buena fe...". Respecto de este argumento, empero, tampoco procede el recurso por la falta de cuestionamiento oportuno, tal como se señalara supra (IV.2.a). 2.c) Pues bien; así despejada la materia de agravio, sólo restan pocas cuestiones como base hábil para el control casatorio, a las que ingresaré en los párrafos que siguen. 2.c.1) El defensor de Cerdá denuncia que el Tribunal tuvo en cuenta como agravantes "las circunstancias y modalidades de ejecución", y que ello constituye una "remisión genérica atentatoria del derecho de defensa por su imprecisión, máxime cuando la modalidad de ejecución del hecho endilgado carece de una entidad que objetivamente permita mayor reproche" (fs. 4668). El reproche no resiste su confrontación con la motivación expuesta por la a quo, quien lejos de contentarse con una expresión vaga acerca de dicho extremo, se ocupó de puntualizar en detalle que "la modalidad de los hechos pone de manifiesto premeditación y planificación acordada mediante ingeniosas, meticulosas y complejas estrategias de acción en los que interviene con varias personas, mostrándose como organizador y coordinador de las mismas y jactándose, incluso, sobre la precisión de sus acciones ilícitas al exponer rechazo a pedido de participación en otros hechos también ilícitos, por errores cometidos en los mismos". Es así evidente que lo que la Cámara ha meritado de manera cargosa ha sido la ingeniería delictiva puesta en marcha en los ilícitos de marras, demostrativa de un plan que incluía distintas y precisas conductas en las que intervenía una pluralidad de personas, entre las cuales Cerdá adquiría protagonismo como organizador y nexo. No puede predicarse entonces que ello importe una remisión genérica, y tampoco puede el quejoso recién ahora agraviarse de la selección de este extremo para la cuantificación de la pena, ya que los tres decisorios firmes unificados contenían idéntica conminación (supra, IV.2.a): * Sent. n° 35 ("Aguirre Pereyra") y Sent. n° 7 ("Barrera"): expresaron que "la modalidad de los hechos pone de manifiesto premeditación y planificación acordada mediante ingeniosas, meticulosas y complejas estrategias de acción en los que interviene con varias personas, mostrándose como organizador y coordinador de las mismas y jactándose, incluso, sobre la precisión de sus acciones ilícitas al exponer rechazo a pedido de participación en otros hechos también ilícitos por errores de los mismos"; * Sent. n° 37 ("Achad"): ponderó para Cerdá "la naturaleza y el número de hechos que se le atribuyen y que dentro del grupo que cometieron los hechos delictivos era el de mayor jerarquía, siendo el nexo entre el particular interesado, su familia (suegro, esposa e hija) y empleados del Registro de la Propiedad...", agregando que "los hechos fueron el resultado de una verdadera “alquimia delictiva“ para lograr - en diversos pasos- el resultado propuesto"... "revisten un elevado grado de método frente al delito"; 2.c.2) De otro costado, la defensa de Barrera señala que no se ha meritado que la naturaleza de las acciones por las cuales fue condenada, consideradas de manera conjunta, evidencia un grado de injusto menor, dado que se trató de una reiteración de hechos que por razones prácticas fueron separados para su mejor tramitación. La separación de juicios en los casos de causas complejas, y cuya razonabilidad en el caso es indiscutible, atiende a ventajas que no son neutras para la defensa pues permite el más pronto juzgamiento de los acusados llevados a juicio, a la par que “per se” es una mera conjetura derivar que implique una distorsión de los montos de las penas que luego se unifican en la pena única o total. En todo caso se requerirá de una demostración cabal que así haya sido. Máxime que en el caso concreto y a contrario de lo sostenido por el quejoso, la Cámara sí ha tomado razón de la separación de juicios por el cual se unificaron las penas correspondientes a hechos juzgados después pero cometidos antes de la primer condena, siendo precisamente esa la razón esgrimida por la Mayoría para la modalidad composicional escogida. En efecto, explicó la Cámara que tratándose de hechos delictivos anteriores a la primera condena, ello impedía "una composición de pena acorde a la que surge de la aplicación de los arts. 55 y 56 al provocar la suma de ese tiempo que resta cumplir al monto impuesto en la segunda condena, lo que evidentemente perjudica al condenado al implicar una 'acumulación'..." (fs. 4653 vta.). Más allá de otras consideraciones que la a quo efectúa acerca de la necesidad de obrar de dicha manera, lo cierto es que la puntual circunstancia de la separación de juicios, que el impugnante juzga omitida, es por el contrario la que ha provocado que la Cámara proceda a la unificación computando la totalidad de las penas impuestas -y no sólo "lo que resta cumplir"- y optando por una composición en lugar de la suma aritmética de cada una de las penas impuestas. En consecuencia, la división del proceso en diferentes líneas no ha sido omitida por la sentenciante, quien le ha asignado gravitación en la forma de unificar, y con trascendencia en la cuantificación, toda vez que aquella circunstancia ha determinado la selección de la forma composicional, la que conlleva un minus en el tope máximo de la escala prevista para el concurso de delitos. 2.c.3) Más abajo, se agravia el defensor de Barrera por cuanto sostiene que al componerse la pena única no se ha sopesado la edad y falta de antecedentes de su representada, fijándose una pena que va a consumir sus últimos años de vida adulta. Más allá de señalar que ambos extremos han sido expresamente considerados por el Tribunal, el análisis acerca de su gravitación como atenuantes en la conformación de la pena total deviene abstracto a raíz de lo dicho en el apartado precedente (2.b), que conlleva ínsita la necesidad de volver a cuantificar la sanción. Lo mismo ocurre con su situación familiar, la que también ha sido valorada por la sentenciante y deberá ser objeto de nueva consideración. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que las cuestiones relativas a atención de las necesidades de su hija discapacitada, como así también los requerimientos que demanda la atención de su propia salud, constituyen materia a discutir por vía de la ejecución penitenciaria, por lo que será ante dicha Sede que deberá plantearlas. 3. En suma, a excepción de la cuestión oportunamente señalada, en función de la cual la impugnación será parcialmente acogida (supra, 2.b), el resto de los reproches resultan extemporáneos, por dirigirse contra aspectos que han devenido firmes por ausencia de crítica tempestiva. Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTIÓN: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: I. Atento al resultado de la votación que precede, corresponde: 1. Rechazar el recurso deducido en favor de Daniel O. Cerdá, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.). 2. Hacer lugar parcialmente al recurso deducido en favor de Silvia Barrera, y en consecuencia anular también parcialmente la sentencia en crisis, sin costas (arts. 550 y 551, C.P.P.). Dicha solución debe hacerse extensiva a Daniel Osvaldo Cerdá a tenor de lo dispuesto por el artículo 452 del C.P.P. Ahora bien; para la fijación de la nueva pena, considero conveniente, por razones de economía procesal, hacerlo sin reenvío, en esta Sede. Para ello, me atengo a las circunstancias de mensuración valoradas por la a quo (supra, III), de las cuales excluyo el valor de los inmuebles correspondientes a los hechos de las Sentencias n° 37 y 7, que fuera ponderado como agravante. Advierto que este aspecto no tiene una gravitación de magnitud ya que en la pena única, por un lado, subsiste parcialmente en relación a una de las penas (la correspondiente a la sentencia nº 35) y, por otro lado, en el razonamiento de la a quo estaba acompañado por muy importantes pautas desfavorables en las que el Tribunal puso énfasis para evidenciar la peligrosidad criminal de los imputados: el "enorme y trascendental" daño institucional al sistema registral de la Provincia, la falta de necesidad económica como motivo para delinquir, el aprovechamiento de su experiencia laboral previa en el Registro, la complejidad y dimensión de las maniobras delictivas; para el caso de Cerdá, además, su condición de organizador y coordinador de la empresa delictiva. En función de tal corrección, estimo prudente fijar la nueva sanción en seis años y dos meses de prisión y $10.000 de multa para Barrera y en siete años y once meses de prisión y $15.000 de multa para Cerdá, manteniendo los adicionales de ley y costas. Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal; RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Sr. Asesor Letrado del 26° Turno en su condición de defensor del penado Daniel Osvaldo Cerdá, con costas (CPP, arts. 550/551). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Sr. Asesor Letrado del 20° Turno en su condición de defensor de la penada Silvia Alejandra Barrera, sin costas (arts. 550/551), y en consecuencia anular parcialmente la sentencia n° 11, de fecha 3 de Mayo de 2010, dictada por la Cámara del Crimen de Décima Nominación de esta Ciudad, en cuanto resolvió "I) Unificar las penas impuestas a Silvia Alejandra Barrera, ya filiada, que fueran dictadas por esta Excma. Cámara en lo Criminal de Décima Nominación, en Sentencia Nº 37 del 16 de octubre de 2008 (SAC Nro. 163674) - de tres años de prisión – con las de la Sentencia Nº 7 de fecha 16 de junio de 2009 (SAC Nº 149852, acumulado al SAC Nº 203200) – de cinco años de prisión y $ 10.000 de multa (comprensiva ésta última de la unificación de las penas de tres años y tres meses de prisión y 10.000 pesos de multa y la de tres años y nueve meses de prisión dispuesta por Sentencia nº 35 del 16/9/2008 -SAC 184213-), en la pena única de seis años y tres meses de prisión y 10.000 pesos de multa, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y 58 C.P. y 550 y 551 CPP)". En su lugar, sin reenvío, corresponde fijar como pena total la de seis años y dos meses de prisión y $10.000 de multa, manteniendo los adicionales de ley y costas. III) Hacer extensivos los efectos de lo resuelto en el punto II a Daniel Osvaldo Cerdá, y en consecuencia, anular parcialmente la sentencia mencionada en cuanto resolvió "II) Unificar las penas impuestas a Daniel Osvaldo Cerdá, ya filiado, dictadas por esta Excma. Cámara en lo Criminal de Décima Nominación, en Sentencia Nº 37 del 16 de octubre de 2008 (SAC Nro. 163674) - de tres años y tres meses de prisión – con las de la Sentencia Nº 7 de fecha 16 de junio de 2009 (SAC Nº 149852, acumulado al SAC Nº 203200) - seis años y tres meses de prisión (comprensiva ésta última de la unificación de las penas de cuatro años y 15.000 pesos de multa y de cuatro años y dos meses de prisión impuesta por Sentencia nº 35 del 16/9/2008 -SAC 184213-), en la pena única de ocho años de prisión y 15.000 pesos de multa, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3°, 40, 41 y 58 C.P. y 550 y 551 CPP)". En su lugar, sin reenvío, corresponde fijar como pena total la de siete años y once meses de prisión y $15.000 de multa, manteniendo los adicionales de ley y costas. Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.